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23Junio2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

A contrapelo

Xavier Díez de Urdanivia

 

El pasado jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma más a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se suma a las incontables que ya se han hecho durante los últimos años. No deja de tener aciertos, aunque como suele suceder, se “coló” alguna cuestión desfavorable para ese límite adicional al poder, no suficientemente valorado, que es el sistema federal. En suma, se reformaron catorce artículos.

Cuando uno ve eso y piensa que alrededor de la mitad de las enmiendas constitucionales que se han adoptado en nuestro país desde 1917 han tenido lugar en el último par de sexenios, se pregunta dónde está la supuesta falta de colaboración del Congreso de la que tanto se ha lamentado el Ejecutivo, tanto como se cuestiona la imputación que suele hacerse a los gobiernos estatales cuando son tildados de “feudos” caciquiles “fuera de control”, puesto que toda reforma constitucional requiere de ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso de la Unión y cuando menos la mitad de las legislaturas estatales.

Cosas son esas de la demagogia, que no han de impedir que se destaque la importancia de algunas de las reformas efectuadas, que sin duda son relevantes y trascendentes.

En primer lugar, es de aplaudirse que se haya metido mano, especialmente en medio de la circunstancia imperante, a esa compleja maraña sucesoria que es el artículo 84, pues aunque no elimina la figura del interinato, simplifica el caso de cubrir la falta definitiva del Presidente, pues ahora tocará desempeñar esa función al Secretario de Gobernación mientras el Congreso acuerda sobre la persona en quien deba recaer el interinato.

Buena es la reforma que, en el mismo orden de ideas, rompe el cerco jurídico al acto de protesta presidencial, que ha quedado a resguardo de toda posibilidad del secuestro ilícito que las hordas caudinas de cualquier signo pretendieran hacer de ese evento solemne.

También es plausible la apertura a las candidaturas independientes (aunque no puedan anticiparse los “candados” que deriven de “los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”, como establece ya la fracción II del artículo 35), así como la posibilidad de iniciar leyes de manera directa y la previsión de “consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”, como derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que nos acerca a un mejor modelo de democracia formal sin duda.

Hay, no obstante, “negritos en el arroz” que son germen potencial de conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, e incluso respecto de la soberanía de los estados respecto de sus regímenes interiores.

Así ocurre con la descuidada redacción que se ha dejado a la fracción VII del artículo 35, que sujeta el ejercicio del derecho de los ciudadanos a iniciar leyes –sin distinguir entre federales y estatales- al cumplimiento de los requisitos que señalen esta Constitución y la “Ley (sic) del Congreso”, dejando entrever que se refiere al de la Unión, lo que, en vista de lo que dice el artículo 133 constitucional, podría interpretarse en el sentido de que ello desplazaría la regulación estatal sobre esta materia, pues se trataría de una ley emanada de la Constitución que, expedida por ese órgano legislativo, adquiriría el carácter de “ley suprema de la Unión”. Ello, a pesar de lo dispuesto por el artículo 116, que ahora da poder jurídico a las legislaturas estatales para regular los términos en que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante ellas.

Lo anterior, aunado al agregado final de la fracción VII del artículo 35 que abre una puerta muy amplia para que una ley reglamentaria dé facultades al IFE en esta materia, será propicio para intentar ampliar el ámbito de las atribuciones centrales en detrimento de las de los estados, como ya ha venido ocurriendo sostenidamente en tiempos recientes.

Queda mucho por comentar, pero a falta de espacio habrá que dejarlo para la próxima entrega. Hasta entonces.



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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