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18Noviembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

En México, los jueces de amparo son jueces de improcedencia.

La estadística judicial refleja que la mayoría de los juicios de amparo se resuelven por la vía de la improcedencia.

Esta situación se puede deber a varías razones: 1) Las autoridades no violan la Constitución; 2) Los quejosos abusan del amparo; ó 3) Los jueces federales están más preocupados por negar el derecho que por conceder la protección federal.

 

Cualquiera de las hipótesis puede ser válida, pero para ser ciertas deben comprobarse. En realidad no hay estudios serios que permitan saber con precisión las razones por las cuales prevalece la improcedencia de los juicios de amparo. Pero la teoría del realismo jurídico permite desarrollar algunas líneas de investigación para explicar este problema que afecta el acceso a la justicia.

 

El discurso jurisprudencial de la improcedencia, nos ofrece datos cualitativos para afirmar que la hipótesis tercera es la que más se aproxima a la realidad: el cinismo judicial de querer darle garrote a los asuntos bajo el modelo de interpretación paleo positivista del Derecho, antes de construir conceptos constitucionales para amparar a las personas frente a la violación de los derechos, es la causa principal de las causales de improcedencia.

 

En la praxis judicial federal se aprende bien un principio de orden público: revisar el asunto para ver cómo se declara improcedente. Se afirma que es una cuestión preferencial, pero ante todo es la forma de construir el derecho: no importa si tiene razón o no el quejoso en la violación del derecho, lo mejor es estudiar si se puede no entrar al fondo para así resolver la controversia. Prevalece la idea de resolver los amparos sin resolverlos.

 

Esta práctica nociva es un problema sobre todo conceptual. El artículo con mayor número de hipótesis normativas es el 73 de la ley de amparo: el legislador se preocupó más por legislar para negar el amparo que para concederlo. El discurso jurisprudencial más creativo de la Corte son las causales de improcedencia: la teoría de la consumación irreparable, del cambio de la situación jurídica, de los agravios deficientes, inoperantes, inatendibles, etc., son las líneas argumentativas más socorridas por los jueces para negar el derecho.

 

Todo parece indicar que los jueces federales operan bajo dos reglas: 1) Interpretar de manera favorable las causas de inadmisión para negarle la protección a los que demandan el amparo de sus derechos; y 2) Aplicar de manera desfavorable el derecho violado para hacer prevalecer la transgresión a la Constitución.

 

Ejemplos. En materia penal, la violación a los derechos es solapada por la jurisprudencia federal. Si el día de mañana la policía entra a tu domicilio sin una orden de cateo y pides que se anulen los efectos que producen el aseguramiento de un objeto instrumento del delito, la Corte te dice: es improcedente tu amparo porque ya entraron a tu casa y eso ya no se puede reparar. Si te amparas contra una orden de aprehensión, el juez para evitar que no te priven de la libertad te va a pedir que comparezcas ante el juez para que resuelvan tu situación jurídica. Al transcurso de algunos días, te van a dictar un auto de formal prisión y la Corte te dirá: es improcedente el amparo porque ya cambio tu situación jurídica.

 

Eso es el cinismo judicial. Se construyen conceptos para negar el derecho. Esta aporía no es porque los jueces tengan mala fe, lo que pasa es que aprendieron una serie de códigos y conceptos del siglo XIX que hoy en día ya están superados. Ellos creen que actúan bien bajo el principio de legalidad, cuando en realidad lo que hacen es deteriorar la credibilidad judicial por la utilización de herramientas formalistas que deben desterrarse.

 

La tutela judicial efectiva exige reglas diferentes: el juez ante todo debe operar con la interpretación más favorable del derecho violado. Sólo en sentido estricto debe aplicar la improcedencia del asunto cuando no sea subsanable ni razonable la causa de pedir en la demanda.

 

En México, se requiere hoy una reforma judicial que pugne por nuevos principios constitucionales que guíen una forma más adecuada de hacer una justicia más transparente, comprensible y moderna. No podemos seguir operando el esquema decimonónico de los jueces, la sociedad exige que el acceso a la justicia sea efectivo y real.

 



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