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Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

  Un avance

Oscar Pimentel González

No es una regla, pero es bastante común que las obras y los servicios públicos a cargo del gobierno se caractericen por una dudosa calidad y, en el caso extremo, por ser resultado de decisiones inadecuadas. En un país con recursos financieros escasos y grandes necesidades de su población aún por resolver, la corrupción y la ineficiencia en la administración pública constituyen un lastre que nos condena a permanecer en el atraso.

 

Esto se agrava cuando los intereses políticos se apoyan en prejuicios ideológicos, que impiden la adopción de nuevos mecanismos y modelos de administración, mediante los cuales el gobierno podría responder de mejor manera a las demandas sociales y resolver problemas muy importantes de la realidad nacional. Por esto seguimos sin aprovechar adecuadamente nuestros recursos energéticos; sin poder construir toda la infraestructura de comunicaciones que hace falta para el crecimiento; y, sin lograr la cobertura universal de los servicios de salud y mejorar los servicios públicos en muchas áreas como agua potable, cuidado del medio ambiente y transporte público entre muchos otros.

 

Por ello es muy alentador, y signo indudable de avance, que

el Congreso de la Unión haya aprobado el pasado día 14 de

este mes la Ley de Asociaciones Público Privadas propuesta

por el Ejecutivo mediante una iniciativa enviada el 9 de octubre

de 2009.

 

La nueva ley pretende crear un marco jurídico para formalizar asociaciones entre el sector público y el sector privado en proyectos de inversión orientados a construir y administrar infraestructura y servicios cuya prestación son responsabilidad del gobierno. Esta modalidad para el desarrollo de proyectos no es solamente una manera de enfrentar las restricciones presupuestales, propias de un país que no ha podido organizar adecuadamente su hacienda pública, sino que representa la posibilidad de contar con   la experiencia, los conocimientos y las tecnologías que pueden aportar los particulares, además de que obliga a la adopción de estructuras de administración más eficientes y transparentes.

 

La asociación público privada permite realizar inversiones a largo plazo en las que se incorporan técnicas y se comparten riesgos, objetivos y recursos, para desarrollar infraestructura productiva y garantizar un prestación de servicios públicos de calidad.

 

Otros países han obtenido grandes ventajas con estos esquemas de inversión. En Europa es muy común la operación de servicios públicos y la realización de grandes proyectos de infraestructura bajo el modo de asociación público privado. En el Reino Unido, por ejemplo, operan más de 1000 contratos con un valor superior a los 90 mil millones de dólares; Brasil ha invertido más de un trillón de dólares en infraestructura; Chile, Colombia, Sudáfrica, Canadá, Australia y hasta la Cuba socialista, operan ya proyectos y servicios con este tipo de asociaciones.

 

Este esquema tampoco es nuevo en México. Ya desde la década de los noventas los municipios comenzaron a organizar algunos servicios con esta modalidad, principalmente en el sector de agua potable y saneamiento, recolección y disposición de la basura y, posteriormente, transporte público. El gobierno federal desarrolló a través de BANOBRAS los programas de modernización de los organismos operadores de agua, el programa de residuos sólidos y de infraestructura. Sin embargo, estas primeras experiencias no contaban con un marco jurídico que diera certidumbre a las empresas participantes y al propio gobierno, ni tampoco existía un marco institucional que permitiera regular y verificar la calidad en la operación de los proyectos y en la prestación de los servicios.

 

Por lo anterior, y en el clima de parálisis e incertidumbre que vive el país, es muy meritorio que la interlocución entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo haya fructificado en el caso de esta iniciativa. Es una ley que desata los nudos que existían para generar nuevas modalidades de inversión con recursos y capacidades del sector privado, bajo un marco normativo de certidumbre y regulaciones que protegen el interés público.

 

La Ley de Asociaciones Público Privadas será un instrumento valioso con el cual impulsar una mayor eficiencia del gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales, desterrar las practicas de la corrupción y la ineficiencia, minimizar el uso clientelar y con fines electorales de los servicios públicos e incrementar la capacidad de la administración pública para asimilar los avances del conocimiento, las nuevas tecnologías y las mejores experiencias de gobierno. No puede haber ningún argumento, y menos la función social del Estado, para no exigir que los servicios que ofrece el gobierno sean de calidad y económicamente eficientes.

 

No obstante el gran avance que significa esta ley, habrá que poner especial atención en fortalecer las tareas de control y de vigilancia del Congreso, crear nuevos organismos reguladores en las áreas donde hacen falta y fortalecer a los ya existentes, así como, algo muy importante, alentar la participación ciudadana en la supervisión y evaluación de los proyectos para asegurar que cumplan con sus propósitos. Un reto inmediato para las autoridades locales será ponerse a la altura de estos cambios e impulsar reformas similares, y aquellas que complementen este marco jurídico, en los estados y en los municipios.

 

@oscarpime

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http://oscarpimentel.mx/



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