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21Octubre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015


A propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, se hicieron eventos conmemorativos, rodó tinta en notas periodísticas y columnas, se presentaron algunos informes y se realizaron conferencias y coloquios a lo largo y ancho de todo el país.

Y si se escuchan los discursos oficiales o se leen los boletines de prensa tal parece que hablan de un país ubicado en otra latitud, con otra forma de hacer política y con una sociedad madura y tolerante. De los activistas y organizaciones de la sociedad civil, podemos leer sus estudios, las entrevistas que han realizado a miles de personas que han sido víctimas de violación de sus más elementales derechos humanos. ¿Responsables? El gobierno y la sociedad en su conjunto. El gobierno –las instituciones públicas- por acción u omisión han permitido que los derechos humanos se conviertan en un elemento más de la retórica de los políticos mientras que en la práctica, todos los días a toda hora, se menoscaba el endeble estado de Derecho con el que contamos. Dice Amnistía Internacional en su informe del 2010 Aumentaron los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del ejército, como ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros malos tratos.” Líneas más adelante señala que “Algunas víctimas y familiares de víctimas que intentaron presentar denuncias fueron objeto de amenazas. El sistema de justicia militar siguió investigando y juzgando las violaciones de derechos humanos relacionadas con miembros del ejército. Las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de éstos.”

 

Para 2011, las cosas no son muy diferentes, porque las violaciones de derechos humanos no sólo son “de hecho”, ahora se han pretendido reformar a nivel federal y local, diversas disposiciones legales, tendientes a coartar el ejercicio de libertades civiles y atentando contra el Estado laico. Iniciativas que restringen el uso de redes sociales, criminalizan la protesta social, los derechos reproductivos de las mujeres, entre muchos otros temas, son el reflejo de que al gobierno poco o nada le interesa implementar una política de Estado que ponga a México a la vanguardia en materia de derechos humanos. Y si esto no fuera cierto, tenemos en los titulares de esta semana, la acción violenta que en conjunto realizaron el gobierno federal y el de Guerrero, en contra de estudiantes normalistas que pedían condiciones dignas para poder estudiar, independientemente de la viabilidad o no de sus demandas el saldo es inaceptable: 3 estudiantes muertos, heridos graves y 50 detenidos.

 

Cuando digo que la sociedad es responsable, lo es por la apatía con la que reacciona al ver este tipo de sucesos, cuando en una escuela o centro de trabajo, una persona es discriminada por alguna razón y los que le rodean se hacen cómplices con su silencio, cuando lejos de aceptar que no todos piensan o viven igual que nosotros y pretendemos imponer nuestra formar de ser al resto de la gente. Expresiones sutiles y no tan sutiles que reflejan machismo, homofobia, xenofobia, odio de tipo religioso y hasta político, son alojadas al interior de los hogares, promovidas en los medios de comunicación e instituciones educativas. Pocas cosas resultan tan deleznables como escuchar a un maestro de secundaria fomentando cualquier forma de discriminación entre sus estudiantes que se encuentran en un proceso formativo y que en muchos casos, el criterio que se formen para toda la vida, lo van a adquirir en esa etapa de su vida. Bien se podría empezar por capacitar a todos los docentes en materia de derechos humanos y cesar a cualquiera que promueva la discriminación y los prejuicios.

 

El panorama no es nada halagador porque un amplio sector de la sociedad y del gobierno no se ocupa del tema y continúan las condiciones sociales, culturales y económicas para que se vulneren los derechos humanos de los niños, mujeres, comunidad LGBT, grupos religiosos, adultos mayores, personas con discapacidad y todos aquellos que antes solían ser “minoría” pero que si se estudia detenidamente, ya no lo son tanto o incluso se han vuelto mayoría. Por eso hoy más que nunca, en la medida de nuestras posibilidades y desde nuestro ámbito de influencia asumámonos como promotores y defensores de los derechos humanos. No se trata necesariamente, de enrolarnos en alguna asociación o realizar algún tipo de activismo, se trata de hacer de la tolerancia, el respeto y la concientización un estilo de vida. Un estilo de vida que rompa paradigmas y reglas preestablecidas que nos han colocado en una situación de simulación y de discursos de ocasión. Terminemos con la República de Cartón.



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