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17Diciembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

A contrapelo

Xavier Díez de Urdanivia

 

Ayer se celebró el día internacional de los derechos humanos, que es tanto como decir “de las libertades”, pues, en efecto, en la esencia de todo derecho está una libertad. Por eso, la legitimidad del poder estatal, del estado mismo, estriba en ellos, porque sin la necesidad de su garantía colectiva es injustificable cualquier fenómeno de poder.

Por esa razón será siempre un motivo que concite entusiasmo exaltar su condición de piedra angular –de ahí su fundamentalidad- de todo y cualquier sometimiento de los seres humanos a la obediencia de otros. Por eso también el requisito indispensable de que cualquier acto de gobierno esté sometido al derecho y tenga, además, una base democrática.

Ese solo hecho debía bastar para que, en términos de reflexión y acción, se concediera en la práctica una mayor tención al tema, que sin embargo, dentro de un amplio sector social, sólo salta a la palestra cuando alguno de sus miembros se ve afectado por el poder

Por eso están incluidos el nivel de la ley suprema, que es la Constitución. Por eso también el “estado de derecho”, que no es otra cosa que el gobierno de las leyes no de los hombres. Sin un soporte legal positivo (escrito o consuetudinario) que constituya y dote de atribuciones a una autoridad determinada (o a un orden político dado), no pueden existir esa legitimidad que produce reconocimiento, apoyo ni obediencia populares, porque faltaría una parte primordial –pero no la única- del soporte del ejercicio legítimo del poder. Tampoco, muy probablemente, gobernabilidad.

Ese soporte, acostumbro decir, es un trípode configurado por la base democrática sustancial a que me referí en renglones anteriores, la garantía del interés general como causa funcional y el derecho como elemento formal. En él descansa a mi juicio la legitimidad de todo sistema político, y todos esos elementos requieren estar presentes, siempre, para que pueda el poder arrogarse la apetecida legitimidad que siempre reclama para sí todo régimen de gobierno.

Hoy, tiempo en que tanto se habla de un “nuevo constitucionalismo” gracias a las obras de juristas europeos de finales del siglo 20, hay que recordar que ya desde mediados los años cuarentas de él, la Constitución mexicana define a la democracia diciendo que se le debe considerar “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, en su artículo tercero.

Por ende, todo sistema político que quiera contar con el apoyo social, tendrá que garantizar las libertades civiles y derechos del hombre. Por eso, tendrá que ser democrático, así como estar fundado y actuar con riguroso apego a la Constitución y las leyes, así como garantizar los derechos y libertades fundamentales, en armónica coexistencia.

Contar con un eficaz sistema de frenos y contrapesos, que no se ciña a la sola tradicional división de poderes, sino que sea además un sistema expedito de rendición de cuentas y exigibilidad de responsabilidades, así como con una razonable dimensión del aparato administrativo y de gobierno, en mucho contribuyen a crear el ambiente propicio para plantar ese tripié.

A fuer de que no se pierda de vista la bilateralidad de esos derechos básicos, sin embargo –debida a su naturaleza social- concluyo diciendo que, al lado de cada uno de ellos, hay siempre una responsabilidad, razón por la cual el corolario no puede ser otro que la proposición de que el interés general sólo se verá satisfecho en el seno de un sistema que permita un ininterrumpido ejercicio de las libertades y los derechos individuales, sin descuido del cumplimiento de los concomitantes deberes de todos, públicos y privados.

Esa es la verdadera misión del estado.

 



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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