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30Marzo2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

A contrapelo

Xavier Díez de Urdanivia

 

“Cuando la política como espacio de la libertad y reino de las alternativas se somete a la disciplina del pensamiento único que marca la lógica del crecimiento, resulta perfectamente comprensible que el ciudadano se retire a la pasividad de su vida privada, y desde un unitarismo bárbaro y elemental procure satisfacer por sí mismo lo que en la sociedad civil no encuentra y lo que el Estado tampoco le proporciona”, dice Pedro de Vega (Mundialización y Derecho Constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual. Revista de Estudios Políticos, No. 100, Madrid, 1998).

Viene a cuento esa cita, que sin duda suscribo, porque el jueves anterior se llevó a cabo el “2do. Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación” –convocado por el COECyT- una de cuyas vertientes se destinó a discutir, someramente, un anteproyecto de “Ley Estatal de Innovación para la competitividad y Diseño Organizacional del Instituto Estatal de Innovación”, respecto del cual tuve oportunidad de expresar que, a mi juicio, poco ha de hacer el gobierno en esa materia, como no sea a través de políticas públicas bien articuladas que estimulen la innovación, y no nada más para una competitividad servidora de la economía.

Aun así, esas políticas públicas, según creo, han de tener buen cuidado en no incurrir en un vicio que, por desgracia, se ha hecho frecuente: la mayoría de ellas constituyen intervenciones para mejorar o corregir la eficiencia económica, así como la distribución del ingreso.

Eficiencia, dice el Diccionario de la Lengua Española, es la “capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”; eficacia, dice el mismo diccionario, es la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”.

Será eficiente aquella actividad que emplee los recursos asignados a ella con el menor gasto de energía en función del resultado, lo cuál no quiere decir indefectiblemente que éste sea el deseado o esperado, como tampoco quiere decir que sea necesariamente obtenido, a fin de cuentas, resultado alguno, porque pueden intervenir circunstancias que lo impidan. Eficaz, en cambio, será la que, en efecto, obtenga el resultado que se busca, es decir, que cumpla con el objetivo que para ella ha sido trazado.

No puede soslayarse el hecho de que, incluso un sistema político cuyo propósito fundamental se ciñera a propiciar la eficiencia económica y procurar aquellos bienes y servicios respecto de los cuáles el mercado es ineficiente, a pesar de la inclemente e ingenua simplificación que ello supone, tendrá de todos modos que ser eficaz, es decir, habrá de satisfacer las expectativas de sus ciudadanos en cuanto al acceso a los bienes y servicios de él esperados, en suficiencia cuantitativa y cualitativa. De otra manera, sería severamente cuestionado por aquellos para cuyo servicio es de suponerse que fue creado, con la consiguiente pérdida de credibilidad, confianza y, en última instancia, de apoyo popular.

Es decir, dejaría de contar con el reconocimiento del pueblo y, aun en el supuesto no concedido de que por la vía descrita pudiera, de verdad, protegerse el interés general, el estado que fallara en la correspondiente provisión de bienes y servicios, por más que fuera eficiente en el diseño, ejecución y evaluación de sus políticas públicas, al incumplir el propósito toral de su existencia, estaría siendo ineficaz y perdería con ello el único sustento de legitimidad que podría tener: garantizar la existencia armónica de las libertades civiles y los derechos humanos fundamentales.

No es, me parece, con burocracia que se estimulan la innovación y la competitividad, sino con políticas públicas adecuadas, en cuyo centro esté siempre el sentido humanístico que justifica, y es el único que puede hacerlo a cabalidad, la existencia del estado y el gobierno.

 



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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